Los prestamistas particulares regulados por el Ministerio de Sanidad y Consumo

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Actualmente los prestamistas particulares son regulados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y debemos decir que el préstamo privado entre personas particulares está permitido por la ley vigente en nuestro país.

Los prestamistas particulares regulados por el Ministerio de Sanidad y Consumo

De hecho, existe una ley que regula todas estas cuestiones, la ley 2/2009, BOE del uno de abril de este mismo año, se encarga de legislar todas las características y condiciones que ocupan las normativas pertenecientes a la ordenación del préstamo privado. Esta legislación tiene la misión también de dejar fuera de este sector a las personas que no cuentan con la profesionalidad suficiente ni la ética necesaria para efectuar un uso correcto de estas fuentes de financiación. De tal manera que se da forma legal a un servicio que durante mucho tiempo ha estado llevándose a cabo en nuestro país.

En referencia a esta ley anteriormente citada, tenemos que en el capítulo II, bajo el epígrafe que rige «actividad de contratación de préstamos o créditos hipotecarios», se detalla toda la normativa que hay que llevar a cabo en este tipo de servicios. La legislación regula una serie de obligaciones a las que deben circunscribirse y ajustarse las compañías que llevan a cabo actividades de otorgamientos de créditos hipotecarios y préstamos, además también se tienen en cuenta las comunicaciones comerciales y la publicidad que desarrollan estas empresas. Esta debe dejar clara cual va a ser la tasa anual equivalente mediante ejemplos que sean suficientemente representativos, en estos modelos publicitarios ha de indicar se cuál será el tipo de interés o cualquier otra cifra que esté en relación con el coste total del préstamo.

Esta actividad no está regulada por el banco central de España, los prestamistas particulares son reglamentados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y las empresas de capital particular tienen la obligación de efectuar ofertas vinculantes del préstamo o crédito a los consumidores, y en caso de que éstas sean denegadas se ha de notificar debidamente esta circunstancia al cliente. Las ofertas que efectúen han de efectuarse mediante un escrito, además de venir firmada por el representante de la compañía o el directivo, exceptuando el caso en el que circunstancias externas o extraordinarias no permitan realizarlo de esta manera. Esta oferta habrá de tener un plazo de validez que nunca será menor de 10 días hábiles a partir de la fecha en que se haga entrega al cliente.

El Ministerio de Sanidad y Consumo que regula a los prestamistas, establece también que el contrato de préstamo o crédito hipotecario debe cumplir una serie de condiciones especiales; estas han sido previstas en la orden de 5 mayo 1994, y hablan sobre la claridad y transparencia de las condiciones financieras en que se han de desarrollar los préstamos de tipo hipotecario.

En todas las circunstancias en que se lleven a cabo los contratos, éstos deben incluir todos los derechos que pertenecen ambas partes implicadas en estos trámites. Estos derechos se refieren a cualquier tipo de modificación sobre el coste total del crédito y se extienden a las compañías de capital privado una serie de obligaciones que actualmente están cumpliendo otras entidades de crédito y que hacen referencia a los contenidos de las escrituras públicas en las que se desarrollen los créditos hipotecarios.

No obstante, las empresas tienen que cumplir una serie de exigencias acerca de los índices y tipos de referencia, obligaciones que actualmente se cumplen por parte de todas las entidades de crédito y que además vienen detalladas, en el caso concreto de los préstamos hipotecarios a interés variable, en la anteriormente citada orden de 5 mayo de de 1994. De esta manera queda regulado un servicio jurídico que no es supervisado por el Banco de España, sino que lo hace el organismo de sanidad y consumo que corresponde. Ya que los prestamistas particulares se regulan por este ministerio, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva.

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